Lúgubre actuación del Congreso.

Mucho he referido en columnas anteriores sobre el bajo perfil que tiene la gran mayoría de legisladores en el Congreso Estatal,  tanta mediocridad es por demás ocioso referirla, sin embargo, llama la atención que como sucede en muchas otras actividades públicas, los legisladores predican mucho y practican poco.

Y es que resulta  irónico observar su actuar luego de que fuera expuesto  en tribuna el audioescándalo del alcalde capitalino Eduardo Rivera por el Diputado Gerardo Mejía, en el cual se evidencia la estrategia electorera perfilada por la llamada nomenclatura de la derecha poblana bajo el discurso de “lealtad  institucional a cambio de estabilidad laboral”.

Este pronunciamiento  que generó enconos entre los guardianes de la fe y las buenas costumbres, resulta por demás inverosímil  ya que el hecho de que los legisladores denostaran la postura del diputado Mejía al señalar que se violento un acuerdo político de no intromisión de las elecciones federales, es muestra de la ignorancia de quienes ello argumentan y denota la falta de claridad en cuanto al estatuto del legislador; más aún, su timorata incomprensión de que el poder legislativo es el órgano de representación política y deliberación por excelencia, es resultado de  tener personajes de poca monta representándonos en el congreso estatal. Si bien la postura del diputado Mejía es discutible en cuanto a sus alcances, es completamente legal ya que su sola representación jurídico – política  le confiere la libertad para someter a juicio del pleno un asunto público, que no es menor, la intromisión de una autoridad en la orientación del voto de servidores públicos.

La falta de timing político de la mayoría de legisladores panistas, así como uno que otro despistado de la fracción del PT y PRD, es muestra de ineptitud, candidez  o complicidad con ciertos cotos de poder que hoy predican aquello que criticaron.  Ello  refleja que en Puebla la conveniencia política hoy en día es más importante que la discusión política, máxime cuando una autoridad dispone de los medios y estructura burocrática que tiene a su alcance para favorecer un proyecto en el cual tiene más que intereses personales comprometidos, su futuro político.  Si bien el alcalde de Puebla se debe a un instituto político, ello no debe ser justificante para utilizar los recursos públicos y el aparato burocrático para orientar el voto de los capitalinos a favor de la candidata Josefina Vázquez Mota, la cual hasta hoy no ha sido capaz de generar una campaña asertiva y cuya única posibilidad de triunfo dependerá de una alta negociación con actores políticos fuera de cualquier análisis académico e interpretativo.

Lo cierto es que las consecuencias de esta situación sin duda tenderá un elevado costo político para el alcalde ya que su futuro político depende en gran medida de los resultados electorales que entregue a sus mentores, los cuales según se observa en las encuestas y sondeos  no serán tal halagüeños. Por ello, el tema llevado al pleno por  el diputado Mejía al solicitar la separación del alcalde es apenas la punta del iceberg que parece comenzar a desmoronar la figura caricaturesca de un personaje hecho para obedecer.