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LAS MUJERES CERCANAS AL PODER.


 


Hace una par de días señalaba que me parece ridículo que las consortes de los gobernantes rindan informes por acciones ejecutadas con recursos públicos no fiscalizables, máxime cuando éstas no fueron electas para ningún cargo ni nombradas por sus meritos sino que su sola relación personal con el mandatario en turno es suficiente para utilizar a la estructura gubernamental para instaurar y aplicar políticas públicas como una práctica recurrente, no solamente como caridad personal, sino como una práctica de asistencia social bajo la premisa de ser obligación del Estado atender las necesidades de los desamparados y los desvalidos. Esta manera de ver las cosas responde a móviles filantrópicos que no garantizan nada ni siquiera el derecho a exigir de parte del indigente y hoy en día las mujeres y los niños. 

Si con el término de políticas públicas entendemos una manera de decidir, construir y desarrollar acciones desde el gobierno para atender y enfrentar problemas, las acciones de asistencia social impulsadas a través del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia, por sus siglas DIF, es por tanto una política pública gubernamental, sustentada en caprichos de las consortes en turno, por ello trienio tras trienio y sexenio tras sexenio el matiz de la institución varía de acuerdo al estilo personal de las consortes, al grado incluso de coordinar estrategias políticas a partir de la utilización discrecional  de un cada vez más abundante presupuesto destinado vía donativo, equipo, infraestructura y personal; de este modo se cumplen algunos objetivos en el azaroso ejercicio del poder: servir a través de la institución como neutralizador de conflictos, cooptar a los liderazgos sociales emergentes y vincular a través de la asistencia social a los grandes capitales a proyectos políticos de los gobernantes.

Hoy en día, las consortes hacen política al frente del sistema DIF, y utilizan a su antojo los medios que dispone el gobierno para publicitarse a través de campañas orientadas a luchar contra la desigualdad, sin más miramiento que satisfacer sus intereses personales, y envolviendo sin escrúpulos a una  red de caridad voluntarista y clientelar.

La razón de ser de esta actuación no tiene sentido ni lógica alguna, ni mucho menos relación a una agenda pública bajo un discurso vago y ambiguo que pretende estimular aquello que se conoce como desarrollo humano, generando una serie de contradicciones dado que cada señora puede decidir y tener injerencia en las decisiones públicas, sin ningún freno, dado que la figura de las Primeras Damas es inexistente en las leyes y ordenamientos jurídicos, por ello sus actuaciones de aparente transparencia y rendición de cuentas es sólo una salida para evitar la crítica ciudadana de ver a la institución como “la caja chica” de los gobiernos en turno.

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