Esto Creo

El eje vertebrador del poder judicial debe constituirse por el derecho del ciudadano a que se le imparta justicia imparcial. Triste contradicción para un poder con tan bajos resultados en la expedita aplicación de la ley. De poco sirve la rotación de funcionarios o el cambio intempestivo de caras, si éstas es vista por la sociedad como corrupta y sometida a intereses económicos, como lo evidencia la más reciente  Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública  (ENVIPE 2014) publicada por INEGI.   No es nada extraño afirmar que en las entrañas del justiciable poblano opera la corrupción piramidal, una suerte de pago o “retribución institucionalizada” para patentizar “los buenos oficios de secretarios y jueces”, práctica diaria y común entre aquellos que hemos vivido de cerca el litigio, misma que no se denuncia debido a acuerdos discrecionales que pocos o nadie se atrevería a evidenciar, generando así un pernicioso equilibrio. Salvo honrosas excepciones,

Es curioso observar la actitud de algunos analistas y periodistas en México al defender los dislates del primer mandatario; luego de la crítica generada por el ya celebre HASTAG #YaSeQueNoAplauden, pasando del error de calculo político, a las definiciones del absurdo de llamar a la crítica y sátira al Jefe de Estado mexicano de “opinión políticamente incorrecta” se pretende justificar y enjugar los errores, impericia y, por que no llamarlo, candidez del Presidente con sus tropelías a la hora de expresarse con basta soltura en sus comunicados y discursos oficiales, de la teatralidad del discursos político que ha caracterizado a las élites del poder, hemos pasado al abuso y desfachatez del discurso de la clase política, la falta de sinceridad y convicción con un país y un proyecto para el mismo queda aislado en palabras huecas.    La crisis de legitimidad que impera en México es de preocupar, dado que desde la década de los noventas nos alejamos como país en la indolencia económic

Evidencia legales o no, las notas informativas e investigaciones sacadas a la luz pública sobre las propiedades adquiridas por el Presidente de la República, su consorte y, su inseparable ministro de Hacienda, proyectan un sistema de privilegios que se explican como el resultado de tener normas jurídicas deficientes acerca de las incompatibilidades del cargo de Presidente de la República así como de las obligaciones éticas y legales, inherentes para las personas del medio político, como el caso de la consorte del titular del Ejecutivo, mismas que debieran contenerse expresamente en las leyes que condensan las responsabilidades de los servidores públicos. Con ello pareciese que en México nos es común olvidar principios generales, como el deber de imparcialidad que reviste el cargo de Presidente, con facultades acotadas más no omnímodas, reminiscencia de un pasado que no se ha ido; aquella   “dictadura perfecta” que ha vuelto al poder bajo la máscara de un partido renovado, vigoroso

Hemos sostenido que la impunidad y la percepción perniciosa que los mexicanos tenemos de ésta es cada vez más grande al ver una gran cantidad de escándalos de corrupción y conflicto de intereses, sin que nadie sea sancionado. En el debate público se discute vagamente y sólo como campaña publicitaria, la creación de un nuevo modelo anticorrupción que de respuesta mediata a la reforma constitucional sobre la materia. Lo cierto es que ésta, únicamente ha servido para dirigir denuestos del gobierno hacia la oposición y viceversa, de cara al proceso electoral a celebrarse en cuatro meses. La energía discursiva de los actores políticos se agota en llenar su boca de ideas difusas sin ganar incluso el aplauso del respetable, acrecentando cada vez más entre la ciudadanía la desconfianza, el hartazgo y la convicción de tener una clase política enraizada en la corrupción, como parte de un  modus vivendi  permanente, sin atender el deseo de cientos de mexicanos de tener un gobierno honest