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AGUA ¿para todos?


“Agua para todos” parece que una frase sencilla pero en realidad no lo es.
Es un reto de enormes proporciones si consideramos suposiciones cambiantes sobre el control humano del mundo natural que hoy replantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, concretamente en el Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad  del agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

Sí, tenemos hoy un derecho humano al agua, su calidad y su saneamiento, derecho humano consagrado en tratados y en nuestra carta magna, ahora replicado en nuestra constitución estatal en su artículo 12.  Pero siendo honestos repetir derechos ya consagrados resulta absurdo e innecesario, máxime cuando la discusión pierde el foco ante la progresividad del derecho convirtiéndose sólo en bandera de posicionamiento mediático al centrarse el tema en la discusión superficial sobre la privatización de los servicios de agua potable y saneamiento, tema toral de la autonomía municipal, pero cuya aplicación práctica sólo ha servido como justificación de recaudación sin acciones perdurables que garanticen la tutela y disfrute a un medio ambiente sano.

Es en este punto en el que me pregunto ¿cuál es la incapacidad de nuestras autoridades para comprender la complejidad de un problema y ofertar soluciones novedosas a problemas añejos como lo es el rescate del río Atoyac?

Un problema latente desde la puesta en operación de factorías a las orillas del río entre los años 1835 y 1897 con el emblemático Estevan de Antuñano, dando pauta a un crecimiento industrial desbordado y que año con año experimenta más presión sobre el vital líquido generándole un desgaste mayor al ecosistema por su exponencial contacto a los contaminantes provenientes de descargas de las redes de alcantarillado municipal mal tratadas y los corredores industriales que se asientan en sus cercanías.

Y cuyo sobre-diagnóstico sólo da certeza de la complejidad de una problemática desatendida en donde las soluciones no puede ser meramente probabilísticas sin una robusta toma de decisiones, como bien lo ha apuntado en fechas recientes la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su recomendación 10/2017[1], misma que evidencia la indolencia de los tres niveles de gobierno ante la contaminación y potencial riesgo a la salud pública del río Atoyac y sus afluentes.

Qué necesitamos para que los poco talentosos legisladores poblanos replanteen ideas en el tema del agua en vez de solo repetir derechos ya prescritos, como las novedades legislativas de Nueva Zelanda y la India, en donde cuerpos de agua, concretamente el río Whanganui, el tercero más largo del país de Oceanía, cuentan hoy con un estatuto legal que les otorga personalidad jurídica como sujetos de derechos, entendiendo que la tierra y los ríos tienen su propia autoridad, necesidades pero también derecho a su bienestar.

Si bien, la normativa neozelandesa no tiene punto de comparación con la normativa mexicana, si es motivo de reflexión pues como podemos observar, y expresamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo ha hecho notar, la remediación del Atoyac debe ir más allá del discurso y el simple deseo de las autoridades de tomar acción e intentar generar una mayor consciencia de la problemática como en apariencia lo pretende hacer el Plan de Acción Local “Vive Atoyac” y como acertadamente lo ha subrayado la organización civil “Dale la Cara al Atoyac”.

Es tiempo en efecto de voltear a nuestros ríos y darles la cara con acciones incluyentes y el intercambio de información multinivel para el diseño de estrategias óptimas ante un problema complejo y latente. Encontrar soluciones duraderas es factible, de lograr  una armonía entre las prescripciones de la ley y la voluntad política e individual para hacer las cosas necesarias, para garantizar la conservación de la naturaleza. 

La creación de confianza en las autoridades en esta materia debe partir pues por que éstas cumplan con sus obligaciones, dotando de presupuesto necesario para mejorar y concebir la infraestructura óptima, fiscalizando y transparentando el ejercicio del gasto público, haciendo cumplir la ley y sancionando a quien contamine  (comprendiendo que la contaminación es también una externalidad negativa del mercado) pero sobre todo y más importante, internalizando en el sector privado la necesidad de cumplir con las normativas medio ambientales para introducir mejoras tecnológicas que les permitan ser más sostenibles y competitivos en sus procesos industriales, reutilizando el agua y garantizando descargas menos contaminantes.

La responsabilidad social empresarial es desde mi particular punto de vista un elemento fundamental para la conservación de nuestro entorno, incluyendo el aire, el suelo, los recursos naturales, la flora y fauna y sus interacciones, para propiciar mejores prácticas de producción más limpia y ecoeficiente para salvar al Atoyac.





[1] http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2017/Rec_2017_010.pdf

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