La defraudación de los poblanos es sinónimo de impunidad

No es novedad saber que nuestro estado el fraude y la corrupción son de los problemas más serios que poseemos en cuanto a responsabilidad social empresarial ya que se ve a la prevención de estos fenómenos lesivos más como un costo que como una inversión a futuro por el bienestar de la población. Muchos son los casos de abuso de confianza y fraude que quedan impunes en nuestro país, la mayoría de los cuales se dan al margen de los sistemas financieros y de ahorro y en donde la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ha alertado a los ahorradores sobre la existencia de empresas o instituciones sin autorización para captar ahorro, a fin de evitar que la población sea rehén de la defraudación. A pesar de ello, son miles los poblanos afectados que aportaron cientos de miles de pesos confiando en la buena fe de estas empresas, principalmente afectándose a campesinos y comerciantes sin que las autoridades estatales hagan algo al respecto para evitar que este tipo de personas continúen en absoluta impunidad cometiendo delitos.
La CONDUSEF ha señalado también que el efectuar operaciones de captación disfrazada es incurrir en un ilícito y por tanto las personas físicas o morales que realicen operaciones financieras sin autorización de las autoridades hacendarías, serán sancionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entidad encargada de supervisar que no exista captación de recursos de forma irregular y fuera de la ley y, en donde el caso particular de Grupo Sitma, Financiera Coofia, Invergroup y otras empresas más, es un problema del orden federal, donde las autoridades hacendarías deben actuar para efecto de que se sancione oportunamente a los presuntos responsables y en breve tiempo se determinen las formas y medios para solicitar ante las autoridades competentes la restitución de los montos defraudados. Por ello la burla de las autoridades estatales simulando que investigan y engañando que de verdad tutelan a la gente que ante ellos ha acudido a exigir justicia por la defraudación constituye una verdadera falta de respeto que no se debería tolerar. No es posible que luego del Comunicado de Prensa fechado el día 8 de junio de 2009 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante el cual se informó que “Construcciones Mauri, S.A. de C.V., que opera bajo el nombre comercial Sitma, Grupo Inmobiliario, es una sociedad anónima que no es financiera y como tal no forma parte del Sistema Bancario ni Financiero Mexicano, y más aún que, Sitma no podía captar recursos del público mediante la celebración de operaciones de depósito, préstamo, crédito, mutuo o cualquier otra operación que implicará la obligación de devolver el importe de dichos recursos, ni solicitar, ofrecer o promover la obtención de recursos de persona indeterminada o mediante medios masivos de comunicación”, las autoridades estatales simple y sencillamente no hicieron nada. Por ello no es de extrañar que los presuntos responsables Valente Medina Seoane y Leonardo Tiro Moranchel, dueños de las empresas Coofia y Sitma, respectivamente, se hayan dado a la fuga ante los ojos de las autoridades poblanas.
Sólo resta decir que, las malas conductas y actos deshonestos, a la larga, debilitan la confianza de todos los grupos involucrados en el sector financiero llámese inversionistas, clientes y socios estratégicos. Por esto, saber el impacto que tienen este tipo de acciones deshonestas es de suma importancia para saber el panorama de dónde estamos parados y qué podemos hacer para corregirlo, es decir, para poder entender las causas y consecuencias de este tipo de problemas y las posibles estrategias de prevención y solución que pueden implementar los gobiernos pero sobre todo, los ciudadanos.