Lu. 06/04/2009. Hace un par de semanas llegó a mis manos una propuesta por demás interesante que se cocina en el Senado de la República a cargo del Sen. Nava Bolaños, el tema por demás polémico lo es restringir la llamada “ley del chapulinazgo” la misma que se ha convertido en práctica cotidiana y contradictoria que atenta contra la confianza que los ciudadanos depositamos a través del voto a aquellas personas que son elegidos como nuestros representantes populares. Aquellos que van de puesto en puesto utilizando el erario público para alcanzar sus propias metas electorales. Los hay en todos los niveles y de todos los colores, desde aquellos que saltan de la administración pública a cargos de elección popular, así como los que van de cargos electorales locales a federales y viceversa, con un solo propósito saciar sus ambiciones personales de ostentarse en el poder, porque dudo mucho y serían muy pocas las honrosas excepciones de aquellos que solicitan o solicitaron en algún tiempo licencia para contender por otro cargo de elección popular con el fin de aportar su talento para anteponer el interés público por encima de sus objetivos personales.
Jurídicamente, como se señala en la exposición de motivos de esta propuesta, “si la separación definitiva de un cargo es exigida a los servidores públicos, sería conveniente entonces que en un estado de derecho y en un marco de equidad, los legisladores también cumplieran con este requisito es decir, separarse de manera definitiva de su cargo, para ocupar otro distinto, sobre todo si éste es de carácter electoral”. Tan sólo analicemos algunas estadísticas: de la pasada a la presente Legislatura se han presentado 314 solicitudes de licencias tan sólo a nivel federal, de las cuales el 79.30 % han sido presentadas por Diputados Federales y el 20.70 % por Senadores; de éstas el 59.7% y el 40.3% de los motivos de solicitud de licencia de senadores y diputados respectivamente, fueron para postularse a cargos de elección popular.
Si bien, los representantes populares tienen derecho a solicitar licencia, sea esta temporal o definitiva del cargo, es necesario también velar por el respeto al mandato popular del cual han sido investidos, tal y como lo establece el constitucionalista Elisur Arteaga Nava, quien señala que: “el electorado que lo ha llevado al congreso (en referencia al Legislador) espera no sólo que – éste- asuma las funciones sino, además, que las desempeñe durante todo el periodo legal”, situación esta última que en muchas ocasiones no acontece en Puebla y que se ha vuelto la mejor carta de presentación de aquellos chapulines es que van de puesto en puesto sin culminar sus mandatos y con muy pocos resultados en su quehacer parlamentario y en las representaciones que han ocupado.
Estas consideraciones creo yo, debieran tomarse en cuenta para futuras elecciones, la más próxima en 2010, con el propósito de ir cambiando una práctica que deja al final del camino un mal sabor de boca a los ciudadanos, quienes seguimos siendo rehenes de políticos sin ética profesional, de políticos cuya principal ambición es conservar su status para acrecentar sus fortunas.
Jurídicamente, como se señala en la exposición de motivos de esta propuesta, “si la separación definitiva de un cargo es exigida a los servidores públicos, sería conveniente entonces que en un estado de derecho y en un marco de equidad, los legisladores también cumplieran con este requisito es decir, separarse de manera definitiva de su cargo, para ocupar otro distinto, sobre todo si éste es de carácter electoral”. Tan sólo analicemos algunas estadísticas: de la pasada a la presente Legislatura se han presentado 314 solicitudes de licencias tan sólo a nivel federal, de las cuales el 79.30 % han sido presentadas por Diputados Federales y el 20.70 % por Senadores; de éstas el 59.7% y el 40.3% de los motivos de solicitud de licencia de senadores y diputados respectivamente, fueron para postularse a cargos de elección popular.
Si bien, los representantes populares tienen derecho a solicitar licencia, sea esta temporal o definitiva del cargo, es necesario también velar por el respeto al mandato popular del cual han sido investidos, tal y como lo establece el constitucionalista Elisur Arteaga Nava, quien señala que: “el electorado que lo ha llevado al congreso (en referencia al Legislador) espera no sólo que – éste- asuma las funciones sino, además, que las desempeñe durante todo el periodo legal”, situación esta última que en muchas ocasiones no acontece en Puebla y que se ha vuelto la mejor carta de presentación de aquellos chapulines es que van de puesto en puesto sin culminar sus mandatos y con muy pocos resultados en su quehacer parlamentario y en las representaciones que han ocupado.
Estas consideraciones creo yo, debieran tomarse en cuenta para futuras elecciones, la más próxima en 2010, con el propósito de ir cambiando una práctica que deja al final del camino un mal sabor de boca a los ciudadanos, quienes seguimos siendo rehenes de políticos sin ética profesional, de políticos cuya principal ambición es conservar su status para acrecentar sus fortunas.
Comentarios
Publicar un comentario