La semana pasada aborde en este breve espacio la falta de creatividad y lógica de las propuestas de nuestros candidatos, en esa ocasión toque algunos puntos sobre nuestro sistema tributario que se convierte durante cada campaña electoral, en un debate aún por definir si es mejor el aumentar los impuestos o reducir el gasto corriente de la administración pública que el aumentar la base de contribuyentes, sin que en términos prácticos de la realidad normada dichas posiciones hayan demostrado su efectividad en la gestión pública.
En esta ocasión por su parte, y continuando con la critica a nuestros iluminados candidatos a diputados federales, me referiré en particular a una serie de disparates discursivos señalados por la candidata de acción nacional por el noveno distrito, Augusta Díaz de Rivera, quien en una entrevista para el programa conducido por Fernando Crisanto en Canal 22 de SICOM, exponía que de llegar a la diputación por un distrito en el cual ni siquiera radica, trabajaría por combatir la corrupción, poniendo de ejemplo que una de las oficinas más corruptas de la administración marinista en la que pondría énfasis era el Registro Civil por el costo excesivo de servicios urgentes, tales como la expedición de copias certificadas de registros de la vida civil de las personas. Al respecto valdría la pena aclararle algunos puntos a esta presuntuosa candidata quien se jacta de su cultura por asistir hasta dos veces a la semana a la Opera, y quien durante su paso por el Congreso del Estado de Puebla como legisladora por Atlixco dejó mucho que desear, por lo que su gestión bien podría calificarse de turismo legislativo. En primer lugar habría que señalarle que, la materia que regula los actos civiles de las personas es una facultad reservada constitucionalmente a las entidades federativas por ende la Cámara de Diputados federal no tiene competencia para legislar en la materia; en segundo lugar habría que recordarle a la candidata, que el costo de servicios, llamados “derechos” no son administrados ni mucho menos recaudados por la dependencia a la cual señala de corrupta, sino por la Secretaria de Finanzas del Estado y, en tercer lugar habría que comentarle algo que al parecer debiera conocer, y es que la determinación de los costos de los derechos por los servicios prestados por el Registro del Estado Civil de las Personas se establecen en un documento llamado Ley de Ingresos, el cual es aprobado por los legisladores integrantes del Congreso del Estado - a donde al parecer acudió durante tres años - el cual establece en su artículo 16 las cuotas correspondientes incluyendo el supuesto de que “Por el servicio urgente que se solicite en la Ciudad de Puebla de expedición de copias certificadas de nacimiento, matrimonio y defunción, incluyendo formato - la cuota será de - $150.00”.
Creo que la cultura no se da por asistir a eventos culturales sino por el articular ideas coherentes y fundamentadas. Dicha ignorancia de los temas sólo demuestra la falta conocimiento sobre el trabajo legislativo y evidencia la falta de profesionalización de los candidatos y sus líderes partidistas. Ello no justifica el bajo nivel de estas campañas pues se entiende que para ello contratan asesores y registran ante el Instituto Electoral un documento partidistas que contiene sus propuestas legislativas llamado Plataforma Electoral, el cual al parecer tampoco han leído muchos de los candidatos. Da vergüenza ver que no sólo es falta de propuestas la constante de este proceso electoral sino el desconocimiento sobre temas básicos que quienes han sido servidores públicos y representantes debieran conocer.
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