El tema de acceso y participación de las mujeres en la vida pública de México sigue siendo un asunto complicado de resolver en la práctica política nacional. No cabe duda que los compromisos internacionales en México son letra muerta no por falta de adecuaciones normativas a nuestras leyes sino por falta de voluntad de los principales actores, para muestra, la Plataforma de Acción de Beijing, resultado de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que compromete a los Estados a promover la igualdad de los sexos y a reforzar la presencia de las mujeres en las instancias de decisión, es hoy en la actualidad – con sus raras excepciones como el caso de Puebla – sólo una carta de buenas intenciones; ya que temas como la cuestión del rol de los partidos políticos, la influencia del dinero en la vida política y los efectos de las cuotas y los sistemas electorales, así como de los cambios que las mujeres parlamentarias aportan a la vida política y de la manera en que estas contribuyen a redefinir las prioridades políticas, para que las preocupaciones y las prioridades de las mujeres sean tomadas en cuenta, son simples quimeras irrisorias que se demuestran con la solicitud de licencia de un grupo de legisladoras principalmente emanadas del otrora partido tricolor, para permitir que sus suplentes hombres asuman la responsabilidad ciudadana que a ellas les fue otorgada mediante el voto ciudadano.
No es novedad saber que nuestro estado el fraude y la corrupción son de los problemas más serios que poseemos en cuanto a responsabilidad social empresarial ya que se ve a la prevención de estos fenómenos lesivos más como un costo que como una inversión a futuro por el bienestar de la población. Muchos son los casos de abuso de confianza y fraude que quedan impunes en nuestro país, la mayoría de los cuales se dan al margen de los sistemas financieros y de ahorro y en donde la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ha alertado a los ahorradores sobre la existencia de empresas o instituciones sin autorización para captar ahorro, a fin de evitar que la población sea rehén de la defraudación. A pesar de ello, son miles los poblanos afectados que aportaron cientos de miles de pesos confiando en la buena fe de estas empresas, principalmente afectándose a campesinos y comerciantes sin que las autoridades estatales hagan algo al respecto para e
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