Un tema siempre delicado es la relación iglesia – estado y cómo los ministros de la fe se involucran en los asuntos de la vida pública y, más aún e inquietante resulta la sobreprotección que la curia católica le ha brindo al paso de los años a su ministros, incurriendo en la mayoría de las veces en complicidad y corrupción de actos delictivos como la protección que ha brindado a pederastas y violadores.
Esta semana y al margen de lo antes mencionado sale a la luz pública el extraño caso del párroco de San Lorenzo Chiautzingo, Guillermo Campos Silverio, quien hasta hoy no ha podido responder cuál era el motivo o razón de cavar un túnel que partiera de su domicilio y llegará casualmente hasta el altar del tempo de la comunidad. Situación que obligó a los parroquianos a pedirles a las autoridades intervinieran oportunamente para investigar la presunta tentativa de robo de arte sacro y daño a los bienes de la nación por parte del hoy acusado Campos Silverio. Pero para sorpresa de propios y extraños el actuar del párroco en vez de ser sancionado por las autoridades religiosas, ya que dicha acción en nada justifica su ministerio de fe y espiritual al servicio de la comunidad, es premiado por su curia con un claustro de descanso hasta que las autoridades culminen la indagatoria correspondiente.
Por tanto, resultan fuera de lugar las declaraciones y el actuar de sus jerarcas, en particular el del Arzobispo Víctor Sánchez Espinosa, quien en vez de proceder conforme a su código canónico a investigar el actuar de sus integrantes, exigió este fin de semana a los políticos a acercarse más a la población y a buscar responder a sus demanda, a lo que bien valdría preguntarle de que si bien “es honesto, por regla general, tomar parte de los negocios públicos” (León XII, Libertas 53) más honesto sería responderle a la población sobre el actuar de sus ministros, o como señalara San Pio X (I1 Fermo, 16) “encaminarse a cooperar a la conservación de la felicidad material y civil del pueblo”, cooperando con las autoridades en vez de solapar a su párroco que si de algo se ha caracterizado durante su ministerio de fe en San Lorenzo Chiautzingo ha sido por su injerencia en los asuntos políticos de la comunidad, contrariando por completo lo estipulado por el inciso e) del artículo 130 constitucional que estipula una prohibición total a los ministros de culto de “realizar proselitismo a favor o en contra de candidatos, partidos o asociación política alguna”.
Concluyo con una opinión de Gustavo Radbruch que bien valdría la pena reflexionar y es en el sentido de que ¡No es el bien común el fin supremo del derecho, sino la justicia! Esta justicia, sin embargo, es una justicia suprapositiva, donde la inviolabilidad de la ley debe ser colocada por encima del mismo bien común y no sólo dejando los asuntos de sus ministros lacónicamente “en manos de Dios”.
Esta semana y al margen de lo antes mencionado sale a la luz pública el extraño caso del párroco de San Lorenzo Chiautzingo, Guillermo Campos Silverio, quien hasta hoy no ha podido responder cuál era el motivo o razón de cavar un túnel que partiera de su domicilio y llegará casualmente hasta el altar del tempo de la comunidad. Situación que obligó a los parroquianos a pedirles a las autoridades intervinieran oportunamente para investigar la presunta tentativa de robo de arte sacro y daño a los bienes de la nación por parte del hoy acusado Campos Silverio. Pero para sorpresa de propios y extraños el actuar del párroco en vez de ser sancionado por las autoridades religiosas, ya que dicha acción en nada justifica su ministerio de fe y espiritual al servicio de la comunidad, es premiado por su curia con un claustro de descanso hasta que las autoridades culminen la indagatoria correspondiente.
Por tanto, resultan fuera de lugar las declaraciones y el actuar de sus jerarcas, en particular el del Arzobispo Víctor Sánchez Espinosa, quien en vez de proceder conforme a su código canónico a investigar el actuar de sus integrantes, exigió este fin de semana a los políticos a acercarse más a la población y a buscar responder a sus demanda, a lo que bien valdría preguntarle de que si bien “es honesto, por regla general, tomar parte de los negocios públicos” (León XII, Libertas 53) más honesto sería responderle a la población sobre el actuar de sus ministros, o como señalara San Pio X (I1 Fermo, 16) “encaminarse a cooperar a la conservación de la felicidad material y civil del pueblo”, cooperando con las autoridades en vez de solapar a su párroco que si de algo se ha caracterizado durante su ministerio de fe en San Lorenzo Chiautzingo ha sido por su injerencia en los asuntos políticos de la comunidad, contrariando por completo lo estipulado por el inciso e) del artículo 130 constitucional que estipula una prohibición total a los ministros de culto de “realizar proselitismo a favor o en contra de candidatos, partidos o asociación política alguna”.
Concluyo con una opinión de Gustavo Radbruch que bien valdría la pena reflexionar y es en el sentido de que ¡No es el bien común el fin supremo del derecho, sino la justicia! Esta justicia, sin embargo, es una justicia suprapositiva, donde la inviolabilidad de la ley debe ser colocada por encima del mismo bien común y no sólo dejando los asuntos de sus ministros lacónicamente “en manos de Dios”.
grande Gabriel Torreblank...
ResponderEliminarhola yo soy de esta comunidad casi no voy a misa pero la iglesia es un patrimonio de el pueblo y no se vale que que los padres hagan lo q se les antoje.
ahora en marzo llego un nuevo padre y como no me gusta ser comunicativo , me puse a investigar quien era y resulta que este padre lo corrieron de tepatlaxco de hidalgo porq estaba metido en la politica (grillo)...
sin palabras esto ya es un negocio y con muchos privilegios