Quién es más tonto.

Si bien es cierto, la actividad legislativa tiene por objeto contribuir con su trabajo e ideas a que el país se encamine por el rumbo más apropiado, teniendo entre otras actividades proteger a grupos sociales específicos mediante disposiciones especiales, también lo es, el hecho de que el Congreso es la arena política que sirve de válvula de escape de las tensiones inherentes a la vida social y la herramienta institucional que permite alcanzar acuerdos para mantener el orden de la sociedad.

Por ello, cuando esta labor no se realiza con celeridad y pulcritud requerida, se ocasionan graves problemas, como la ambigüedad en el mega fraude de COOFIA, SITMA, INVERGRUP, CONSRA, entre otras; en donde hasta hoy se continua engañando y generando falsas expectativas con soluciones inviables jurídicamente, como lo es el Punto de Acuerdo presentado por la bancada del PRI en el Congreso de la Unión, con el cual ingenuamente quieren hacerle creer a los afectados que será ahora responsabilidad del gobierno federal subrogar la responsabilidad de los defraudadores y liquidar los adeudos contraídos por éstos de mala fa, mediante la creación de un fideicomiso especial a partir de recursos provenientes de los excedentes petroleros, los cuales si lo han olvidado los legisladores poblanos, son distribuidos cada año a la discrecionalidad de los gobernadores para ser ejercidos supuestamente en infraestructura y programas de desarrollo social, como el caso particular del Programa Unidos para Progresar.

Ante este escenario vale la pena recordar la afirmación de Spencer, en el sentido de que “los legisladores ignorantes aumentan constantemente las miserias humanas”, toda vez que sus pasiones inconmensurables dictadas en este momento por los tiempos electorales, inhiben la claridad y seriedad que debiera tener respecto de asuntos tan delicados como el fraude de las cajas de ahorro e instituciones que ilegalmente captaron recursos de particulares, atentando de este modo con el encargo popular de velar y combatir realmente todo aquello que ponga en riesgo a la sociedad, como lo es en realidad el fondo del asunto: la comisión de un delito del fuero local tipificado en la figura antijurídica de FRAUDE.

De ahí que sostener ingenuamente en que el exhorto dirigido al titular del Ejecutivo Federal traerá consigo la subrogación de lo defraudado como lo afirmó el Diputado Oscar Aguilar, es sólo darle atole con el dedo a los afectados – para quienes externo todo mi respeto – y, es continuar abonando a la desconfianza que los ciudadanos tienen hoy en día en sus representantes, lo cual es resultado de la falta de representatividad, de eficiencia, pero sobre todo, de ética en su actuar.