JUSTICIA vs MORAL.

Luego de ser testigos semanas atrás del conflicto moralista que la aprobación de las bodas gays en la legislación del Distrito Federal trajo consigo, desembocando en un enfrentamiento entre el Jefe de Gobierno Marcelo Ebrad y el cardenal Juan Sandoval Iñiguez, valdría la pena analizar algunos puntos desde el punto de vista estrictamente jurídico sobre este reconocimiento a una nueva institución civil que ha causado tanta polémica ya que independientemente de lo que cada uno pensemos desde un punto de vista estrictamente moral, e incluso de lo que la moral en una sociedad dada, digamos la nuestra, debemos ser respetuosos del derecho a la diferencia y la no discriminación.

Cuando menos seis países en el mundo incluyendo ahora a México se ha legislado ya el denominado matrimonio entre personas del mismo sexo y en más de veinticinco, las uniones de parejas homosexuales, países todos ellos que provienen en su mayoría de una tradición judeocristiana tal es el caso de Alemania, Italia, España, Brasil, Canadá, Argentina, Estados Unidos, Francia, Portugal y Uruguay, salvo países del lejano Oriente en donde toda vía se reprime la homosexualidad. Esto no deja de ser curioso si analizamos que el matrimonio es una institución en crisis global: hay países donde el 40% de los matrimonios terminan en divorcio y en México, ese índice, aunque no es tan alto, no deja de subir. Más aún resulta curioso el hecho de que los homosexuales como toda minoría que busca aceptación social, pretenda tener espacio y derecho para incorporarse a las instituciones sociales, sin importar que estén en crisis, obedeciendo acaso a una inevitable, aunque a la postre fútil necesidad de aceptación y sin que los opositores a este nuevo reconocimiento se pronuncien sobre temas inherentes al matrimonio como lo es la violencia intrafamiliar, las diferencias de género y otros males que acompañan a esta institución, lo que indica a toda luz una doble moral y un doble discurso. En este punto, lo mismo podría argumentarse sobre la adopción de menores por parejas homosexuales, a las que tan reacios se muestran algunos sectores, argumentando el bienestar psicológico y la vergüenza moralina de esos menores, pero que permanecen indiferentes a miles de niños vendiendo chicles en las calles, o a millones de menores desnutridos y enfermos en los barrios y sin considerar que la posibilidad de adoptar tal cual lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación no significa que cualquiera pueda hacerlo, sino sólo aquellos que cumplan los requisitos requeridos por la Ley, tal cual se establece ya para personas solteras, heterosexuales o no. Todas estas interrogantes y muchas más, cuyas respuestas están cargadas de contenidos ideológicos, éticos y morales distintos y en ocasiones contradictorios, rodean el problema y dificultan aún más su explicación, sin embargo, la perspectiva jurídica más nítida se constriñe desde el punto de vista de los derechos humanos argumentando que un homosexual tiene iguales derechos que cualquier heterosexual y por tanto no puede argumentarse discriminación legal alguna para el pleno goce de su libertad, entre ellas su libertad sexual; por el contrario si el matrimonio funciona o no, si los valores que persigue están vigentes, si debe o no persistir como está, o si es la institución social por excelencia, el matrimonio es una institución universal vigente, legalmente tutelada y muy similar en nuestro mundo, en consecuencia si todas las personas somos iguales ante la Ley, iguales y libres también lo somos y por tanto todos tiene derecho a acceder a cualquier institución social sin discriminación alguna.

El derecho y la moral no siempre coinciden, ni debieran hacerlo, toda vez que el derecho evoluciona y en muchas ocasiones el reconocimiento a nuevas prerrogativas dentro del sistema positivo resulta polémico, contradictorio y en ocasiones opuesto a las costumbres de una sociedad.