Mucho revuelo ha causado en días pasados la propuesta de reforma electoral sugerida por el gobernador electo Rafael Moreno Valle a fin de ajustar el calendario electoral en Puebla a la reforma constitucional de 2007 y homologar el calendario para la elección de Gobernador, Diputados y Ayuntamiento respecto a la elección federal, dicha homologación de calendarios es innegable que puede ser un instrumento para distender la relación entre el legislativo y el ejecutivo federal, generando un ambiente más propicio para alcanzar acuerdos, ello en virtud de que hasta hoy la frecuencia con que se organizan las elecciones ha afectado en gran medida los trabajos de negociación de reformas pendientes, en vista de que los cálculos electorales se ha convertido en un factor condicionante de la posición que adopta cada partido en la escena nacional.
En el caso del Estado de Puebla, éste está clasificado en la categoría de procesos electorales no concurrentes, debido a que la jornada electoral de la Entidad Federativa difiere en cuanto al día, mes y año con relación a la jornada electoral federal, por lo que a fin de adecuar su normativa electoral al mandato constitucional, es necesario propiciar un debate sobre el tema, el cual es impostergable y cuya lógica, más allá del análisis mediático del tiempo de mandato de un gobernador transitorio, atiende a una realidad política y electoral nacional para superar las deficiencias comprobadas; reducir los costos y la asignación de recursos públicos a elecciones, campañas y partidos políticos; simplificar los procedimientos electorales; expandir y crear nuevos derechos ciudadanos; al tiempo de recuperar para la autoridad electoral la confianza y credibilidad hoy en día tan deterioradas.
Pero más allá del debate mediático que esta propuesta pueda ocasionar, no debemos olvidar que la principal responsabilidad recaerá en los partidos políticos y los legisladores recién electos, quienes no pueden argumentar como el caso de la actual legislatura que fueron sorprendidos para impulsar una reforma de gran calado, ante ello, se deberán observar grandes pendientes que serán necesarios atender con urgencia, tal como lo ha planteado el gobernador electo. Éstos se refieren a la creación de un marco jurídico electoral completo que propicie la equidad del proceso; la imparcialidad de la acción de los gobiernos en turno; el cumplimiento estricto a lo mandado en el código electoral estatal en el caso de las precampañas, sus tiempos y sobre todo sus gastos; la forma, monto y reducción del financiamiento público para los procesos electorales; y el uso equitativo de los medios de comunicación. Asimismo, las encuestas y empresas encuestadoras deberán de pasar por un proceso minucioso de certificación de la autoridad electoral para evitar la manipulación de datos y la encuestitis que padecimos en las pasadas elecciones. A parte de lo anterior, sería deseable que el Instituto Electoral Estatal se convierta en un organismo responsable de los procesos electorales, sea blindado y pueda garantizar su autonomía, evitando que el mismo se constituya con base en cuotas partidistas, sólo de este modo podremos garantizar una acción electoral transparente, legal y confiable.
En el caso del Estado de Puebla, éste está clasificado en la categoría de procesos electorales no concurrentes, debido a que la jornada electoral de la Entidad Federativa difiere en cuanto al día, mes y año con relación a la jornada electoral federal, por lo que a fin de adecuar su normativa electoral al mandato constitucional, es necesario propiciar un debate sobre el tema, el cual es impostergable y cuya lógica, más allá del análisis mediático del tiempo de mandato de un gobernador transitorio, atiende a una realidad política y electoral nacional para superar las deficiencias comprobadas; reducir los costos y la asignación de recursos públicos a elecciones, campañas y partidos políticos; simplificar los procedimientos electorales; expandir y crear nuevos derechos ciudadanos; al tiempo de recuperar para la autoridad electoral la confianza y credibilidad hoy en día tan deterioradas.
Pero más allá del debate mediático que esta propuesta pueda ocasionar, no debemos olvidar que la principal responsabilidad recaerá en los partidos políticos y los legisladores recién electos, quienes no pueden argumentar como el caso de la actual legislatura que fueron sorprendidos para impulsar una reforma de gran calado, ante ello, se deberán observar grandes pendientes que serán necesarios atender con urgencia, tal como lo ha planteado el gobernador electo. Éstos se refieren a la creación de un marco jurídico electoral completo que propicie la equidad del proceso; la imparcialidad de la acción de los gobiernos en turno; el cumplimiento estricto a lo mandado en el código electoral estatal en el caso de las precampañas, sus tiempos y sobre todo sus gastos; la forma, monto y reducción del financiamiento público para los procesos electorales; y el uso equitativo de los medios de comunicación. Asimismo, las encuestas y empresas encuestadoras deberán de pasar por un proceso minucioso de certificación de la autoridad electoral para evitar la manipulación de datos y la encuestitis que padecimos en las pasadas elecciones. A parte de lo anterior, sería deseable que el Instituto Electoral Estatal se convierta en un organismo responsable de los procesos electorales, sea blindado y pueda garantizar su autonomía, evitando que el mismo se constituya con base en cuotas partidistas, sólo de este modo podremos garantizar una acción electoral transparente, legal y confiable.
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