Es curioso observar que en el debate público la trata de personas es sumamente condenable, sobre todo si consideramos que nuestro país es ubicado como un punto importante de paso y destino de hombres, mujeres y niños que sufren este delito, expandiéndose redes de impunidad que moviliza todos los días a cientos de personas con fines de explotación sexual o laboral, ya sea para mantenerlas en territorio nacional o para trasladarlas al extranjero.
Según la Oficina de las Naciones Unidas para el control de las Drogas y la Prevención del Delito (ONUDD), y el Reporte de Trata de Personas del Departamento de Estado de Estados Unidos de América, México ocupa el deshonroso segundo lugar en la comisión del ilícito, debido a su alta incidencia y a la ausencia de mecanismo que inhiban su propagación.
Así mismo, es obligado señalar que un estudio reciente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, refiere que la expansión de las redes de traficantes se concentra en 15 entidades federativas, sobre todo las zonas fronterizas, así como aquellas que cuentan con una significativa actividad turística o económica, ubicando a la entidad poblana como una de las nueve zonas con un constante trasiego de personas, sin que existan sólidas acciones de cooperación y coordinación entre los tres niveles de gobierno que prevenga y sancione este delito de manera eficiente, tal como se evidenció en días pasados con la pomposa detención de un grupo de tratantes de blancas a quienes sólo se les consigno por lenocinio, sin que se decretara la prisión preventiva contra los presuntos responsables de prostituir a través de un medio electrónico a mujeres provenientes de Sudamérica, lo cual demuestra lo endeble y frágil de nuestras instituciones así como el doble discurso de las autoridades en el trato de este delito permitiendo que los traficantes de personas evadan flagrantemente a su castigo y ocasionando que muchas de las víctimas sigan siendo sometidas a la prostitución, el trabajo forzoso e incluso la colaboración con la delincuencia organizada, caso que ilustra muy bien la producción cinematográfica de “Mis Bala”, mimetizando la realidad que lacera a la sociedad.
Ante ello es necesario fomentar acciones que prevengan en la sociedad civil la comisión de un delito que denigra de tal forma a las personas, involucrando a los actores sociales y políticos para reflexionar para avanzar seriamente en esta materia y no sólo en discurso. Bajo este contexto, los medios informativos son instrumentos poderosos que influyen en la opinión pública y dan a conocer determinadas cuestiones, ese poder acarrea la obligación de presentar una información veraz, siendo un poderoso instrumento para fomentar la comprensión del fenómeno así como para la sensibilización del público respecto de las prácticas análogas a la esclavitud y demás abusos de los derechos humanos que entraña la trata de personas.
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