En su ensayo titulado “Sorpresas te da la vida” publicado en noviembre de 1994, el polémico Jorge G. Castañeda, hacía un recuento de los principales sucesos que sacudieron a México en aquel año, enlistando una serie de hechos que cambiaron el rumbo de nuestro país, señalando la urgencia de: …”luchar contra la corrupción y fundar algo que en México siempre ha estado ausente (en los hechos aunque presente en los discursos): la rendición de cuentas de los gobernantes ante los gobernados, esa noción anglosajona intraducible y al a que agregaría yo, impracticable.
Tomo a colación lo anterior para hacer referencia al tema de la inminente elección del nuevo auditor general del órgano de fiscalización superior en el Estado de Puebla, tema del cual parece no habrá ninguna novedad en su designación ante un escenario de disimulo y acuerdo legislativo. Sin embargo, me parece preciso y oportuno señalar- ante la opacidad e ignorancia de la gran mayoría de nuestros diputados - algunos puntos que sería interesante analizar previo a la designación del nuevo titular del ORFISE y tomando como referencia el Boletín 1010 de Normas y Procedimientos de Auditoria del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, la cual establece los requisitos mínimos de calidad que debe reunir un auditor gubernamental, en concreto, las normas personales referentes a las cualidades y atributos más allá de las relaciones de amistad, compadrazgo y vínculos afectivos y familiares. Para tal efecto el Boletín 10101 hace especial énfasis a la personalidad, es decir el perfil del auditor, el cual debe considerar en principio de cuentas el entrenamiento técnico y capacidad profesional; asimismo, establece el cuidado y diligencia profesional que el auditor debe poner al ejecutar su trabajo y al preparar su dictamen o informe, así como la independencia mental con la que debe actuar en los asuntos relativos a su trabajo profesional, lo anterior debido a que la encomienda de verificar y vigilar el buen uso de los recursos públicos en el estado de Puebla debe ser desempeñado por una persona que cuente nos sólo con la formación especializada y la trayectoria necesarias para dicho cargo público, sino debe contar especialmente con la experiencia pero sobre todo la competencia moral para desempeñarse éticamente, dado que las decisiones que éste tome habrán de repercutir en la sociedad, en razón del ejercicio apropiado o no de los recursos públicos, que es a fin de cuentas a lo que se refiere la información financiera del gobierno, evitando en todo momento la discrecionalidad y maquillaje de las cuentas públicas que habrán de ser presentadas en cada ejercicio fiscal, como ocurriera con el hoy procesado Víctor Manuel Hernández Quintana.
Es de este modo como podremos avanzar en la transparencia y rendición de cuentas articulando e implementando una agenda amplia y compleja de consensos que partan desde el perfil que debiera tener el auditor general para posteriormente pensar en retos más ambiciosos para el eficaz desempeño del órgano de fiscalización, y aunque dicha agenda es perfectamente alcanzable bajo un entendimiento de absoluto respeto e independencia moral y profesional respecto de los órganos estatales la simulación y utilización de las instituciones para favorece a unos cuantos ensombrece el futuro del órgano encargado de vigilar la transparencia del ejercicio del gasto público en el estado de Puebla, olvidando que estas y otras aspiraciones forman parte de lo que la sociedad, los medios de comunicación, analistas, académicos y nuestra propia experiencia, indica como necesario para avanzar en la consolidación de un Estado con mayores niveles de eficiencia, eficacia, economía y honestidad en la utilización de los recursos públicos.
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