Hace una par de días señalaba que
me parece ridículo que las consortes de los gobernantes rindan informes por
acciones ejecutadas con recursos públicos no fiscalizables, máxime cuando éstas
no fueron electas para ningún cargo ni nombradas por sus meritos sino que su
sola relación personal con el mandatario en turno es suficiente para utilizar a
la estructura gubernamental para instaurar y aplicar políticas públicas como
una práctica recurrente, no solamente como caridad personal, sino como una
práctica de asistencia social bajo la premisa de ser obligación del Estado
atender las necesidades de los desamparados y los desvalidos. Esta manera de
ver las cosas responde a móviles filantrópicos que no garantizan nada ni
siquiera el derecho a exigir de parte del indigente y hoy en día las mujeres y los
niños.
Si con el término de políticas públicas
entendemos una manera de decidir, construir y desarrollar acciones desde el
gobierno para atender y enfrentar problemas, las acciones de asistencia social
impulsadas a través del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia, por sus
siglas DIF, es por tanto una política pública gubernamental, sustentada en
caprichos de las consortes en turno, por ello trienio tras trienio y sexenio
tras sexenio el matiz de la institución varía de acuerdo al estilo personal de
las consortes, al grado incluso de coordinar estrategias políticas a partir de
la utilización discrecional de un cada
vez más abundante presupuesto destinado vía donativo, equipo, infraestructura y
personal; de este modo se cumplen algunos objetivos en el azaroso ejercicio del
poder: servir a través de la institución como neutralizador de conflictos,
cooptar a los liderazgos sociales emergentes y vincular a través de la
asistencia social a los grandes capitales a proyectos políticos de los
gobernantes.
Hoy en día, las consortes hacen
política al frente del sistema DIF, y utilizan a su antojo los medios que
dispone el gobierno para publicitarse a través de campañas orientadas a luchar
contra la desigualdad, sin más miramiento que satisfacer sus intereses personales,
y envolviendo sin escrúpulos a una red
de caridad voluntarista y clientelar.
La razón de ser de esta actuación
no tiene sentido ni lógica alguna, ni mucho menos relación a una agenda pública
bajo un discurso vago y ambiguo que pretende estimular aquello que se conoce
como desarrollo humano, generando una serie de contradicciones dado que cada
señora puede decidir y tener injerencia en las decisiones públicas, sin ningún
freno, dado que la figura de las Primeras Damas es inexistente en las leyes y
ordenamientos jurídicos, por ello sus actuaciones de aparente transparencia y
rendición de cuentas es sólo una salida para evitar la crítica ciudadana de ver
a la institución como “la caja chica” de los gobiernos en turno.
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