La desconfianza en las
instituciones judiciales, empíricamente, arroja que una creciente desconfianza es
resultado de la perdida de expectativas ciudadanas como resultado de diversos
factores que influyen en su apreciación hacia el trabajo de los jueces y el
cómo estos imparten justicia de manera ordinaria. Ello no es óbice de la
primera apreciación de qué se entiende por justicia y cuáles son los valores
que orientan a ésta.
Si bien diversos son los
eslabones para conocer las fallas de cualquier sistema judicial, existe una
creciente tendencia por demostrar que la alta calidad de la justicia es
compatible con un desarrollo socioeconómico sostenible que requiere de
transparencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, lo cual solo es
posible al erradicar los abusos de discrecionalidad sistémica como política
clave para mejorar la efectividad del aparato judicial. Por lo cual conocer,
quizás desde una perspectiva general la percepción que se tiene de las
instituciones y su relación con la corrupción nos arroje una primigenia
aproximación para entender las fallas sistémicas de la justicia mexicana.
Diversos han sido los
enfoques para responder a esta interrogante, desde el cultural,
sociodemográfico e institucional que, utilizan variables como educación y
pobreza, acceso a servicios y desigualdad, para visualizar a la actividad
judicial como un servicio que crea condiciones asimétricas.
Sin embargo, los análisis
más recientes posicionan a México por debajo de los estándares internacionales
de seguridad y justicia. De acuerdo a el Índice de Paz Global 2014, del
Instituto para la Economía y la Paz, el Índice de Estado de Derecho 2014,
realizado por el World Justice Project,
así como la Encuesta del Proyecto de Opinión Pública de América Latina.
Así, para el Índice de Paz
Global 2014, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, que entiende
el concepto de paz como ausencia de violencia o temor a la misma, coloca a
México en la posición 138 de un total de 162 países analizados, cinco
posiciones más abajo que en 2013. De los 22 indicadores utilizados para
construir el Índice de Paz, los peor evaluados para México son las tasas de
homicidios y de crímenes violentos, las muertes por conflictos internos, así
como la criminalidad percibida en la sociedad, el acceso a armas de fuego y el
terror político.
Por su parte, el Índice de
Estado de Derecho 2014 del World Justice
Project (WJP) otorga al sistema de justicia penal mexicano una calificación
de 0.25, en una escala que va de 0 a 1. Esto
coloca a México en el puesto 97 de 99 países evaluados –por debajo de
Afganistán y sólo por encima de Bolivia y Venezuela. Este diagnóstico estudia 7
factores: investigaciones poco efectivas (0.15), un sistema penitenciario que
no cumple con su función de reinserción (0.16), discriminación y falta de
imparcialidad en el sistema (0.19), una justicia que no es expedita (0.24),
corrupción entre los principales operadores del sistema (0.29), incumplimiento
con el debido proceso marcado por la ley (0.30), así como casos de influencia
inapropiada por parte de agentes de gobierno (0.39). Estos indicadores señalan
la gravedad en la que se encuentra nuestro sistema de justicia penal.
Por lo anterior, no es
sorprendente que México se encuentre en los peores lugares a nivel regional en
términos de la percepción de sus ciudadanos sobre la efectividad del sistema de
justicia. Según la encuesta LAPOP 2012, que compara 26 países del continente
americano, solamente 8.16 por ciento de los mexicanos confía que si fuera
víctima de un robo o asalto, el sistema lograría castigar al culpable.
Luego de conocer la
percepción que como país se tiene, profundicemos sobre las variables de estudio
para arribar a una primera aproximación de las fallas del sistema mexicano,
para ello señalemos que México junto con otros cinco países latinoamericanos (Guyana,
Trinidad y Tobago, Colombia, Jamaica, Ecuador) al menos un 20% estima que pagar
un soborno está justificado, lo cual refleja expectativas de comportamientos
corruptos por parte de los actores estatales. Se argumenta al respecto que las
actitudes de los ciudadanos hacia los sobornos está influida por el Estado de
derecho. Si el Estado de derecho es débil, las normas de comportamiento social pueden
fomentar un “circulo vicioso de incumplimiento”: las violaciones repetidas de
la ley incentivan que otros violen la ley, “alimentando por lo tanto la espiral
de desobediencia normativa”. En este sentido,
los ciudadanos justifican más pagar un soborno cuando la corrupción es rampante
y donde no se garantiza un tratamiento igualitario en el sistema de justicia,
que en lugares donde esto no acontece. Eso sugiere que cuando los tribunales no
discriminan en favor de algunos grupos y en contra de otros, los ciudadanos no
suelen justificar el soborno ocasional. Sobre el particular, los estudios más
recientes elaborados por el Barómetro de las Américas sugieren que una alta
percepción de corrupción se relaciona con la disminución de los niveles de
confianza en las instituciones.
LAPOP ha mostrado que
en México, las percepciones de
corrupción son muy altas, en comparación con el promedio de américa latina,
indicando que para los mexicanos ésta es una práctica común. La percepción de
este fenómeno a través del tiempo, de acuerdo a los informes existentes de
2006, 2008, 2010 y 2012, nos da un panorama de percepción constante y
gradualmente a la alza del comportamiento corrupto. De igual forma, por lo que
respecta a las tasas de victimización, México de acuerdo a LAPOP, es uno de los
países con mayor incidencia, casi 10 veces más que el país con menor incidencia
(CANADÁ). Circunstancia que no es constante a lo largo de los años de estudio,
teniendo una variación a la baja en el periodo comprendido de 2008 a 2010, si
que ello impactare en una baja a las tasas de victimización de corrupción existentes
en el país.
Por lo que respecta a la
debilidad institucional, vale la pena traer a la mesa de estudio, los diversos
acontecimientos de violencia sucedidos en México, los cuales guardan estrecha
relación con la infiltración del crimen organizado en las instituciones
mexicanas, lo que ahonda a profundiza la debilidad institucional del país. En
dicho sentido, la organización México Evalúa, en su más reciente informe
“Seguridad y Justicia Penal: 25 indicadores de nuestra debilidad institucional”[1], destaca que: las agencias
del Ministerio Público en los resuelven apenas el 13% de las averiguaciones
previas que se inician; los asesinatos de alto impacto aumentaron 600% entre el
2009 y el 2011; hay 60% de efectividad para sancionar delitos graves y tan sólo
el 12% para sancionar delitos mayores. Aparte de que en 24 estados de la
federación hay cinco o más presos por custodio, cuando la tasa de ocupación a
nivel nacional es de 124.4%, más de lo que la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) clasifica como hacinamiento.
A partir de estos puntos,
podemos mencionar a manera de conclusión que el Estado Mexicano es demasiado
débil – por ahora – para combatir a los grupos facticos, como es el caso del
crimen organizado, que han penetrado en las instituciones pública, lacerando
así a la sociedad; abundando en el hecho que como se aprecia de los estudios
sobre percepción y victimización de
corrupción, ambas variables son condicionantes de las fallas del sistema
judicial, por que las instituciones encargadas de la función se encuentran
colonizadas, a primera vista, de intereses particulares y burocracias
lacónicas, que inhiben su buen funcionamiento propiciando la corrupción como
una practica común y recurrente. Además de apreciarse que las instituciones no
son únicamente sistemas de reglas, sino arreglos normativos, que inciden en los
valores y percepciones de una sociedad, es decir, lo que asumimos como cultura
común, pertenencia colectiva y confianza, que deben partir de condiciones e
instituciones que hagan que la gente actúe honestamente, porque cree que la
estructura básica de la sociedad es justa.
FUENTES:
Índice
de Estado de Derecho, World Justice Project
Informe
México Evalúa
LAPOP
Perspectivas
del Barómetro de las Américas, 2013
[1] Cabe señalar que aunque el estudio elaborado por México
Evalúa solo refiere al sistema de procuración de justicia en México, dicho
informe sirve de referente para comprender un poco los niveles bajos de
confianza y eficacia de los jueces, así como el impacto que la debilidad
institucional tiene en el estado mexicano, como condicionante endógena del
fallo en la administración de justicia.
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