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En la arena del Despeñadero.


Evidencia legales o no, las notas informativas e investigaciones sacadas a la luz pública sobre las propiedades adquiridas por el Presidente de la República, su consorte y, su inseparable ministro de Hacienda, proyectan un sistema de privilegios que se explican como el resultado de tener normas jurídicas deficientes acerca de las incompatibilidades del cargo de Presidente de la República así como de las obligaciones éticas y legales, inherentes para las personas del medio político, como el caso de la consorte del titular del Ejecutivo, mismas que debieran contenerse expresamente en las leyes que condensan las responsabilidades de los servidores públicos. Con ello pareciese que en México nos es común olvidar principios generales, como el deber de imparcialidad que reviste el cargo de Presidente, con facultades acotadas más no omnímodas, reminiscencia de un pasado que no se ha ido; aquella  “dictadura perfecta” que ha vuelto al poder bajo la máscara de un partido renovado, vigoroso y transparente, pero que en el ejercicio de gobierno sólo ha demostrado ser ineficiente, adusto e indiferente, sometido a intereses particulares en contravención a una actuación apegada a los intereses exclusivos de la nación, sancionada mediante juramento constitucional.  

El tema del conflicto de interés del Presidente Peña Nieto se centra ahora en el debate nacional y en el escrutinio [en apariencia] imparcial de la Secretaria de la Función Pública; dependencia – que por cierto – sobrevive con atribuciones confusas encerradas en un decreto de extinción, que se proyecto para dar vida a la Fiscalía Anticorrupción tan esperada. Pero que en efecto, tiene la enorme responsabilidad de dilucidar a la opinión pública lo que entiende el gobierno de la república por ¨conflicto de interés”, en suma,  lo que para está administración será la Agenda Anticorrupción, enmarcada en una línea muy delgada que deberá no convertirse en afrenta política sin trastocar los principios de imparcialidad, transparencia e igualdad, esté último por el cual no se permite bajo ningún supuesto, la existencia de privilegios y discriminaciones fundadas en intereses particulares, como tratara de esquivar el nuevo Contralor; la anulabilidad de los actos, el deber de abstención y, desde luego, la responsabilidad por daños que, incluso en el ámbito privado y penal, incumbe al Presidente de la República y sus cercanos, evidenciará hasta que grado estará dispuesto a ceder Peña Nieto en pro de fortalecer su imagen y pasar a la historia como un presidente que entiende lo que otros percibimos que no. 

La idea de que en democracia el consensos simulado y complaciente de la mayoría conlleva al equivoco de ganar las elecciones y hacer lo que se quiera, ha legitimado el abuso y la ilegalidad. Esto es lo que ha sucedido con el conflicto de intereses entre funcionarios públicos, incluido el mismo Presidente de la República; intereses privados, mismos que se trata ahora de reducir al debate político de ideas sin substancia. El Derecho, señor Presidente, no es otra cosa que un conjunto de significados. Rigen, funcionan, mientras se sustenten en el sentido común. De modo que no se requiere de grandes cambios institucionales, ni de aplausos serviciales, para hacer cumplir y respetar la ley.

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