Evidencia legales o no, las notas informativas e investigaciones
sacadas a la luz pública sobre las propiedades adquiridas por el Presidente de
la República, su consorte y, su inseparable ministro de Hacienda, proyectan un sistema
de privilegios que se explican como el resultado de tener normas jurídicas
deficientes acerca de las incompatibilidades del cargo de Presidente de la
República así como de las obligaciones éticas y legales, inherentes para las
personas del medio político, como el caso de la consorte del titular del
Ejecutivo, mismas que debieran contenerse expresamente en las leyes que
condensan las responsabilidades de los servidores públicos. Con ello pareciese
que en México nos es común olvidar principios generales, como el deber de
imparcialidad que reviste el cargo de Presidente, con facultades acotadas más
no omnímodas, reminiscencia de un pasado que no se ha ido; aquella “dictadura perfecta” que ha vuelto al poder
bajo la máscara de un partido renovado, vigoroso y transparente, pero que en el
ejercicio de gobierno sólo ha demostrado ser ineficiente, adusto e indiferente,
sometido a intereses particulares en contravención a una actuación apegada a
los intereses exclusivos de la nación, sancionada mediante juramento
constitucional.
El tema del conflicto de interés del Presidente Peña Nieto se
centra ahora en el debate nacional y en el escrutinio [en apariencia] imparcial
de la Secretaria de la Función Pública; dependencia – que por cierto –
sobrevive con atribuciones confusas encerradas en un decreto de extinción, que
se proyecto para dar vida a la Fiscalía Anticorrupción tan esperada. Pero que
en efecto, tiene la enorme responsabilidad de dilucidar a la opinión pública lo
que entiende el gobierno de la república por ¨conflicto de interés”, en suma, lo que para está administración será la Agenda
Anticorrupción, enmarcada en una línea muy delgada que deberá no convertirse en
afrenta política sin trastocar los principios de imparcialidad, transparencia e
igualdad, esté último por el cual no se permite bajo ningún supuesto, la
existencia de privilegios y discriminaciones fundadas en intereses particulares,
como tratara de esquivar el nuevo Contralor; la anulabilidad de los actos, el
deber de abstención y, desde luego, la responsabilidad por daños que, incluso
en el ámbito privado y penal, incumbe al Presidente de la República y sus
cercanos, evidenciará hasta que grado estará dispuesto a ceder Peña Nieto en
pro de fortalecer su imagen y pasar a la historia como un presidente que
entiende lo que otros percibimos que no.
La idea de que en democracia el consensos simulado y complaciente
de la mayoría conlleva al equivoco de ganar las elecciones y hacer lo que se
quiera, ha legitimado el abuso y la ilegalidad. Esto es lo que ha sucedido con
el conflicto de intereses entre funcionarios públicos, incluido el mismo
Presidente de la República; intereses privados, mismos que se trata ahora de
reducir al debate político de ideas sin substancia. El Derecho, señor
Presidente, no es otra cosa que un conjunto de significados. Rigen, funcionan,
mientras se sustenten en el sentido común. De modo que no se requiere de
grandes cambios institucionales, ni de aplausos serviciales, para hacer cumplir
y respetar la ley.
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