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Justicia para unos, beneficios para otros.


El eje vertebrador del poder judicial debe constituirse por el derecho del ciudadano a que se le imparta justicia imparcial. Triste contradicción para un poder con tan bajos resultados en la expedita aplicación de la ley. De poco sirve la rotación de funcionarios o el cambio intempestivo de caras, si éstas es vista por la sociedad como corrupta y sometida a intereses económicos, como lo evidencia la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2014) publicada por INEGI.
 No es nada extraño afirmar que en las entrañas del justiciable poblano opera la corrupción piramidal, una suerte de pago o “retribución institucionalizada” para patentizar “los buenos oficios de secretarios y jueces”, práctica diaria y común entre aquellos que hemos vivido de cerca el litigio, misma que no se denuncia debido a acuerdos discrecionales que pocos o nadie se atrevería a evidenciar, generando así un pernicioso equilibrio. Salvo honrosas excepciones, el cuerpo que integra la función judicial en la entidad poblana, me atrevería a decir, dista mucho de ser un poder público digno. Veamos, en principio sus magros resultados en la eficacia de la impartición de justicia; solo por citar un ejemplo, Puebla ocupa el lugar 22 a nivel nacional de acuerdo al reporte 2014 de Doing Businessde nada sirve mejorar tiempos de espera en apertura comercial y registro de propiedad para el sector empresarial cuando los tiempos para resolver una controversia comerciales son extenuantes. Segundo, la grave percepción de la sociedad en cuanto a confiabilidad y honestidad del servicio de impartición de justicia por debajo de la media nacional, habla pesimamente de la justicia poblana. Tercero, problemas institucionales, quizás el principal pretexto que haya a las dos afirmaciones anteriores encuentre su justificación en el obsoleto equipo tecnológico, la falta de equipamiento hasta para las más elementales actividades diarias del servicio público, la falta de personal calificado y principalmente, los bajísimos salarios y pocas prestaciones que tiene sus trabajadores, circunstancias que dan pauta a prácticas clientelares y al subempleo de los funcionarios judiciales a fin de compensar extenuantes horas de trabajo. 
 La obligación de vigilancia y critica ciudadana frente al poder judicial es primordial en un estado de derecho, la obviedad de la afirmación es necesaria cuando se percibe corrupción, como consecuencia de que se conoce y se transparenta poco de su actuar.  
Recuperar la credibilidad no es tarea sencilla cuando el imaginario colectivo percibe justicia para unos y beneficios para otros, cuando caminar por los pasillos de los juzgados y tribunales es sencillamente nauseabundo. Transfigurar la esencia del poder judicial resulta sumamente peligroso en aras de la impunidad como consecuencia de la corrupción. 
 Así bien, la transparencia de su actuar y la lealtad al derecho, concretamente, la aplicación estricta en los parámetros de justicia pronta, independiente e imparcial constituyen la piedra angular del fortalecimiento del llamado poder de balance. Pero reivindicar y dignificar la impartición de justicia debe ir de los buenos propósitos a hacer frente a inconmensurables retos institucionales, entre ellos: mejorar sueldos y prestaciones de operadores judiciales desde el nivel más bajo hasta el último escalón del servicio jurisdiccional, siempre que estos se reflejen en productividad; se necesita dar pauta a un proceso de examen de oposición “certificado” para validar y nombrar  jueces y secretarios, con ello garantizar a la sociedad que sólo los más competentes y con mayores credenciales académicas impartirán justicia, dejando atrás la vacuidad que caracteriza las pobres y deficientes resoluciones que padecen cientos de justiciables que deben acudir a tribunales federales para reivindicar sus derechos.  Inhabilitar y sancionar a los corruptos, el gran pendiente del país, es a su vez otro pendiente aplazado de la justicia poblana, que resulta complicado cuando se resiste a crear en definitiva un órgano imparcial y autónomo que no depende de las decisiones de la cúpula de togados. 
 Lecciones: El futuro se construye con resultados, mientras que la reputación se construye a diario.

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