La corrupción no es un problema que pueda ser atacado aisladamente. Contumaz es la afirmación de creer que la corrupción se ha incrementado cuando sólo se ha mediatizado, si revisamos el índice de percepción de la corrupción elaborado por Transparencia Internacional podemos ver que esta en México ha sido constante desde los años noventas hasta nuestros días, sin embargo, la forma en que ésta se percibe y socializa ha cambiado; es la nota e investigación periodística, quizás, el medio que ha permitido sacar a la luz pública los abusos de la discrecionalidad administrativa que permite el desvío de recursos, la malversación de fondos presupuestados y el conflicto de interés de altos funcionarios. En suma, la pauta para cambiar las formas y actitudes de gobernar obligada bajo una presión social que comienza cada vez más a alzar la voz en señal de indignación y preocupación.
Hoy podemos afirmar que No es suficiente con endurecer las penas para acallar la corrupción. Hoy ante una grave crisis institucional generada por la perdida de confianza en un régimen disléxico, no es políticamente ético utilizar la vendetta electoral para castigar a funcionarios corruptos de oposición como muestra ejemplar de rectitud y aplicación estricta de la ley cuando ni siquiera se reconoce y sanciona los fallos propios, máxime cuando dichos procesos jurídicos en el fondo sólo buscan atraer las noticias y el apoyo público previo a la contienda electoral que renovara gubernaturas y asientos en el congreso mexicano.
El problema de fondo es que no se puede paliar la corrupción en fase de metástasis con frases huecas y acciones mediáticas. La estrategia anti-corrupción impulsada, aparentemente, por el gobierno federal parte de una premisa equivocada al no reconocer el diagnóstico, sobre todo sus fallos sistémicos, como el conflicto de intereses del titular del Ejecutivo, que prima desde su paso por el gobierno del Estado de México. Y en segundo lugar, utilizar ésta como vía tendiente a debilitar a los adversarios políticos y con ello disciplinar a las voces críticas resulta ser demasiado peligroso para un país que aspira alcanzar, más tarde que nunca, el primer mundo.
Querámoslo o no debemos reconocer que la acción política aparece siempre cargada de impulsos, de interés económico e incluso, bajeza desmedida de ambición, por ello las recetas contra la corrupción no serán mínimas ni suficientes para aminorar un mal que ha corroído el aparato institucional, lo grave de esa receta es que mientras tengamos un congreso que no se asume corresponsable del problema difícilmente podremos conseguir un sustrato mínimo de reformas contra la corrupción. Si tuviéramos un congreso responsable en este momento, compuesto por una oposición crítica cuya bandera no fuera la soberbia y la altivez, sólo por citar un ejemplo, luego del análisis y conclusiones que el informe de la Auditoria Superior de la Federación arroja podríamos llevar a cabo un honesto estudio de las áreas de oportunidad y discrecionalidad que permiten la corrupción administrativa, para de ahí atacar esta eficazmente. De nada sirven los discursos llenos de retorica por parte de políticos rebasados por su contexto y ambición; de nada nos sirve una clase política gansteril cuyos excesos producto de la dádiva oficial y el dispendio oculto piensa que la corrupción se elimina por decreto.
Mucho tenemos en juego en la prolongada discusión de un sistema nacional anti-corrupción por ello cada paso que demos como sociedad, cada esfuerzo por exigir cuentas a los gobernantes, cada aliento por transformar a México debe unirnos en pro de un modelo de rectitud republicana, de regeneración democrática para tener el gobierno que merecemos. Exijamos pues, un cambio de actitud al Congreso Mexicano en la lucha honesta contra la corrupción que mina la democracia.
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