Lo
sucedido en el municipio de Ajalpan, Puebla, no debe tomarse a la ligera, el
linchamiento de dos jóvenes inocentes acusados arbitrariamente por una turba
enardecida es el resultado de una sociedad descompuesta, una sociedad en la que
los antivalores prima sobre el respeto a la dignidad e integridad de las
personas; quizás resultado de la impotencia que la gente siente ante instituciones
policiales ineficientes y ante un sistema de procuración de justicia
desacreditado e inicuo, que absolutamente en nada justifica su actuar.
Lo acontecido en la
Sierra negra de Puebla prueba tristemente el ímpetu desbordado por una minoría intoxicada por la barbarie, gente sin
escrúpulos alimentados por medios amarillistas que han sembrado la violencia
como algo cotidiano, ante el disimulo hipócrita de ciudadanos indiferentes. La
violencia, por muy burda que parezca, hasta ahora es solo una anécdota
del imaginario y constituye, sin lugar a dudas, una regresión social alimentada
por el morbo de quienes estiman que “la ausencia del Estado premia al delito y
convoca a la venganza”, como atinadamente lo subraya Jesús Silva-Herzog Márquez.
Bien valdría la pena reflexionar lo
señalado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al respecto, para quién el fenómeno del linchamiento o de
la justicia por propia mano y la frecuencia con que está se presenta, evidencia la
fragilidad del Estado de Derecho, y más aún, la falta de respeto que los
ciudadanos tienen a la Ley y a sus autoridades, corroidas en la corrupción.
El recurrir a vías injustas,
llámesele como se les quiera llamar y justificadas bajo los pretextos más
absurdos, como medidas para aplicar la justicia por propia mano debe reprobarse
y sancionarse, como también debiera sancionarse la ineptitud de servidores
públicos e instruir procedimientos de responsabilidad en contra de funcionarios
municipales ineficientes, participes de la ingobernabilidad, a efecto de que
actos como los sucedidos en Ajalpan no vuelvan a ocurrir. No basta con decretar
la unificación del mando policial para dar muestras de mano firme, mientras el
colectivo social siga creyendo que México no es un país de leyes sino de usos y
costumbres, pues más que un mando único el país necesita reinventar la cultura
policial fuera de toda lógica clientelar para recuperar el reconocimiento
social cuya pérdida, como ha quedado evidenciado, solo ha favorecido el rechazo
y la agresión cotidiana que, sumado a otas condiciones como la permanencia de
redes de corrupción al interior de cuerpos policiales y fuerzas armanada, favorecen
el círculo perverso de la violencia desatada en el país.
Si de verdad queremos cambiar la
consciencia social, no basta aparentar que como ciudadanos estamos indignados
si en realidad no estamos decidos a actuar.
Esa es la narrativa hasta donde hoy
hemos llegado.
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