De brutalidad y de barbarie hablamos hoy.

Lo sucedido en el municipio de Ajalpan, Puebla, no debe tomarse a la ligera, el linchamiento de dos jóvenes inocentes acusados arbitrariamente por una turba enardecida es el resultado de una sociedad descompuesta, una sociedad en la que los antivalores prima sobre el respeto a la dignidad e integridad de las personas; quizás resultado de la impotencia que la gente siente ante instituciones policiales ineficientes y ante un sistema de procuración de justicia desacreditado e inicuo, que absolutamente en nada justifica su actuar.

Lo acontecido en la Sierra negra de Puebla prueba tristemente el ímpetu desbordado por una  minoría intoxicada por la barbarie, gente sin escrúpulos alimentados por medios amarillistas que han sembrado la violencia como algo cotidiano, ante el disimulo hipócrita de ciudadanos indiferentes. La violencia, por muy burda que parezca, hasta ahora es solo una anécdota del imaginario y constituye, sin lugar a dudas, una regresión social alimentada por el morbo de quienes estiman que “la ausencia del Estado premia al delito y convoca a la venganza”, como atinadamente lo subraya Jesús Silva-Herzog Márquez.

Bien valdría la pena reflexionar lo señalado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al respecto,  para quién el fenómeno del linchamiento o de la justicia por propia mano y la frecuencia con que está se presenta, evidencia la fragilidad del Estado de Derecho, y más aún, la falta de respeto que los ciudadanos tienen a la Ley y a sus autoridades, corroidas en la corrupción.

El recurrir a vías injustas, llámesele como se les quiera llamar y justificadas bajo los pretextos más absurdos, como medidas para aplicar la justicia por propia mano debe reprobarse y sancionarse, como también debiera sancionarse la ineptitud de servidores públicos e instruir procedimientos de responsabilidad en contra de funcionarios municipales ineficientes, participes de la ingobernabilidad, a efecto de que actos como los sucedidos en Ajalpan no vuelvan a ocurrir. No basta con decretar la unificación del mando policial para dar muestras de mano firme, mientras el colectivo social siga creyendo que México no es un país de leyes sino de usos y costumbres, pues más que un mando único el país necesita reinventar la cultura policial fuera de toda lógica clientelar para recuperar el reconocimiento social cuya pérdida, como ha quedado evidenciado, solo ha favorecido el rechazo y la agresión cotidiana que, sumado a otas condiciones como la permanencia de redes de corrupción al interior de cuerpos policiales y fuerzas armanada, favorecen el círculo perverso de la violencia desatada en el país.

Si de verdad queremos cambiar la consciencia social, no basta aparentar que como ciudadanos estamos indignados si en realidad no estamos decidos a actuar. 

Esa es la narrativa hasta donde hoy hemos llegado.