“Agua para todos” parece que una frase
sencilla pero en realidad no lo es.
Es un reto de enormes proporciones si
consideramos suposiciones cambiantes sobre el control humano del mundo natural
que hoy replantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas,
concretamente en el Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad del agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos.
Sí, tenemos hoy un derecho humano al
agua, su calidad y su saneamiento, derecho humano consagrado en tratados y en
nuestra carta magna, ahora replicado en nuestra constitución estatal en su
artículo 12. Pero siendo honestos
repetir derechos ya consagrados resulta absurdo e innecesario, máxime cuando la
discusión pierde el foco ante la progresividad del derecho convirtiéndose sólo en
bandera de posicionamiento mediático al centrarse el tema en la discusión superficial
sobre la privatización de los servicios de agua potable y saneamiento, tema
toral de la autonomía municipal, pero cuya aplicación práctica sólo ha servido
como justificación de recaudación sin acciones perdurables que garanticen la
tutela y disfrute a un medio ambiente sano.
Es en este punto en el que me pregunto ¿cuál
es la incapacidad de nuestras autoridades para comprender la complejidad de un
problema y ofertar soluciones novedosas a problemas añejos como lo es el
rescate del río Atoyac?
Un problema latente desde la puesta en
operación de factorías a las orillas del río entre los años 1835 y 1897 con el
emblemático Estevan de Antuñano, dando pauta a un crecimiento industrial
desbordado y que año con año experimenta más presión sobre el vital líquido
generándole un desgaste mayor al ecosistema por su exponencial contacto a los
contaminantes provenientes de descargas de las redes de alcantarillado
municipal mal tratadas y los corredores industriales que se asientan en sus
cercanías.
Y cuyo sobre-diagnóstico sólo da certeza
de la complejidad de una problemática desatendida en donde las soluciones no
puede ser meramente probabilísticas sin una robusta toma de decisiones, como
bien lo ha apuntado en fechas recientes la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos en su recomendación 10/2017[1],
misma que evidencia la indolencia de los tres niveles de gobierno ante la
contaminación y potencial riesgo a la salud pública del río Atoyac y sus
afluentes.
Qué necesitamos para que los poco
talentosos legisladores poblanos replanteen ideas en el tema del agua en vez de
solo repetir derechos ya prescritos, como las novedades legislativas de Nueva
Zelanda y la India, en donde cuerpos de agua, concretamente el río Whanganui,
el tercero más largo del país de Oceanía, cuentan hoy con un estatuto legal que
les otorga personalidad jurídica como sujetos de derechos, entendiendo que la tierra y los ríos tienen su propia
autoridad, necesidades pero también
derecho a su bienestar.
Si bien, la normativa neozelandesa no
tiene punto de comparación con la normativa mexicana, si es motivo de reflexión
pues como podemos observar, y expresamente la Comisión Nacional de Derechos
Humanos lo ha hecho notar, la remediación del Atoyac debe ir más allá del
discurso y el simple deseo de las autoridades de tomar acción e intentar
generar una mayor consciencia de la problemática como en apariencia lo pretende
hacer el Plan de Acción Local “Vive Atoyac” y como acertadamente lo ha
subrayado la organización civil “Dale la Cara al Atoyac”.
Es tiempo en efecto de voltear a nuestros
ríos y darles la cara con acciones incluyentes y el intercambio de información
multinivel para el diseño de estrategias óptimas ante un problema complejo y
latente. Encontrar soluciones duraderas es factible, de lograr una armonía entre las prescripciones de la ley
y la voluntad política e individual para hacer las cosas necesarias, para garantizar
la conservación de la naturaleza.
La creación de confianza en las
autoridades en esta materia debe partir pues por que éstas cumplan con sus
obligaciones, dotando de presupuesto necesario para mejorar y concebir la
infraestructura óptima, fiscalizando y transparentando el ejercicio del gasto
público, haciendo cumplir la ley y sancionando a quien contamine (comprendiendo que la contaminación es también
una externalidad negativa del mercado) pero sobre todo y más importante,
internalizando en el sector privado la necesidad de cumplir con las normativas medio
ambientales para introducir mejoras tecnológicas que les permitan ser más
sostenibles y competitivos en sus procesos industriales, reutilizando el agua y
garantizando descargas menos contaminantes.
La responsabilidad social empresarial es
desde mi particular punto de vista un elemento fundamental para la conservación
de nuestro entorno, incluyendo el aire, el suelo, los recursos naturales, la
flora y fauna y sus interacciones, para propiciar mejores prácticas de
producción más limpia y ecoeficiente para salvar al Atoyac.
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